La Necesidad de una Guardia Civil Departamental

Rodrigo Araya Allerding

Est. Egresado de la Carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la UAGRM

Miembro activo del Movimiento Nación Camba de Liberación

Los Derechos fundamentales del Hombre, producto de la Revolución Francesa, son el ejercicio de los Derechos naturales, tal como la libertad y la igualdad de derechos, a la propiedad individual, la seguridad y a la resistencia de la opresión. La soberanía es del pueblo.

Esta es la base constitucional de cualquier Estado Moderno.

Una de las funciones primordiales en un Estado de Derecho y Constitucional es la de preservar la seguridad individual de sus habitantes, y garantizar de la misma manera la seguridad colectiva, tales como la educación, la salud, el empleo y el acceso a los diferentes servicios básicos. Este Derecho no puede estar representado por la voluntad de una persona o de una minoría que impone su mayoría, ya que las personas que se encuentran dentro de un régimen autocrático o totalitario, están siempre sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan el poder.

En este sentido, cabe mencionar que la Seguridad Personal es la convicción del respeto de uno mismo por los demás, mientras se ejerza el Derecho y se cumpla el deber, el Estado debe garantizar a través de un poder público a la ciudadanía en general en caso de que se violaran los Derechos fundamentales antes mencionados, y las garantías establecidas por ley, preservar el orden público y libre tránsito, entre otros.

En Bolivia, fuera del aspecto político y normativo, tanto los Derechos y Deberes fundamentales de los Ciudadanos han sido sub-dimensionados, el escenario social en el Departamento de Santa Cruz ha sufrido sus variaciones en las ultimas 5 décadas, paso de ser una comunidad en desarrollo a convertirse en una metrópoli casi ingobernable, a causa de la excesiva migración interna, campo-ciudad, y desde el ande boliviano, haciendo rebalsar el sistema municipal de los gobiernos locales con demandas sociales desde las zonas periféricas de los centros urbanos, además el ineficiente desarrollo de políticas públicas estatales orientadas al bienestar social y a fortalecer la economía de las regiones.

Por lo mismo, la inaccesibilidad a estos derechos genera el establecimiento de una porción poblacional pasiva y ociosa, y por lo tanto delincuencial.

Surge ante este incremento de demandas sociales, y al aumento poblacional, paralelamente, la aparición de economías familiares informales e independientes, y ilegalmente existentes, que demandan todo tipo de servicios pero no forman parte de los contribuyentes. Esta figura de desproporción de entre demanda de gestión pública y de obligaciones ciudadanas, se ha visto reflejada en la elaboración e implementación de los planes operativos de los gobiernos locales o regionales.

El Estado Boliviano, autodenominado Nacional, por la ambición, el olvido y el desinterés de la clase política ante estos Derechos fundamentales arriba mencionados, son las principales causas ante los desaciertos políticos y la corrupción de los gobiernos, la victima principal es la sociedad civil. Junto a este, la Policía Nacional, conocido como órgano o fuerza del orden, se ha destacado por su convicción corrupta y complicita, profundamente burocrática, racista, estructuralmente deficiente e incoherente con la realidad social y geográfica de las regiones.

La capacidad de poder dar solución a estos problemas estructurales, no son de un día para el otro, urge más bien prepararse para el futuro, para los posibles inconvenientes y problemas con que se encuentren, la delincuencia en este caso en particular, no se solucionara con dictar alguna ley referente a la forma del castigo o el tipo de condena para el delincuente, o el fortalecimiento del régimen penitenciario; la forma más evidente y directa, es la prevención, o la anticipación del delito, para poder lograr por lo menos un estado de tranquilidad y relativa paz en la población.

En fin, ante esta incapacidad del Estado Central, y como precedente, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Santa Cruz implementa en el 2006, a través de sus competencias y atribuciones, una ordenanza municipal para la creación de una Guardia Municipal con el propósito originalmente de cuidar y custodiar las infraestructuras, medios inmuebles y los predios de uso público, paulatinamente, este órgano para el orden publico cumpliría propósitos preventivos en seguridad ciudadana, y en el uso legal de la fuerza pública para el cumplimiento de la ley general y las regulaciones municipales.

Ahora bien, a partir de la aprobación del Estatuto de Autonomía en Santa Cruz, este aparece como instancia directa, capaz de legislar y de contener aspectos administrativos independientes del gobierno central. El Estatuto de Autonomía del Departamento de Santa Cruz establece claramente como objetivo de esta carta, los Derechos fundamentales y libertades de las personas en esta región, presente en su artículo segundo, además de, contener cuales son las competencias y atribuciones del gobierno departamental, entre estos, por supuesto esta, la seguridad individual y colectiva.

La cual incluye por supuesto, la capacidad de iniciativa legislativa ciudadana, por lo tanto, el movimiento Nación Camba, como ciudadanos libres y proactivos, multidisciplinarios e integrales, preocupados por la inseguridad ciudadana, la delincuencia y la corrupción, manifestamos la necesidad de crear una Guardia Civil Departamental complementaria y paralela a la Policía Nacional, con propósitos preventivos y reguladores del orden publico de la sociedad cruceña como objetivo inicial, con un alto grado de disciplina y educación, y coherentes con la fisonomía y geografía de la región.

Este nuevo órgano dependiente del gobierno departamental, legal y primordial, podría cubrir o ser de complementariedad a la función que desempeña la policía nacional, además de cumplir la función de fuerza legal para la aplicación de normas y resoluciones departamentales, y de prevenir mediante un control organizado y sistemático de las actividades económicas, sociales e individuales en curso en todo el departamento.

Lo demás corresponderá a los legisladores, ósea la Asamblea Departamental en espíritu de de asegurar o garantizar a la población del Departamento de Santa Cruz contra la delincuencia, el abuso, la violación de sus Derechos y Deberes fundamentales, y políticos, la revisión, diseño e implementación del proyecto de ley presentado por el Movimiento Nación Camba, de ciudadanos libres, comprometidos, proactivos e independientes de toda ideología partidaria, y de poder, político y económico.

Santa Cruz de la Sierra, 27 de Julio de 2009

Propuesta de ante proyecto de Ley para la creación de un organismo de seguridad ciudadana

Tomando en cuenta la actual y vigente Constitución Política del estado plurinacional Boliviano, que en su artículo 299, punto II inciso 13 dice:

Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
13: Seguridad ciudadana

Se ha presentado un ante proyecto de ley para la cración de la Guardia Civil Departamental, como un organismo de apoyo para la seguridad ciudadana, no de reemplazo a la Policía nacional.

Con el fin de proponer, pongo a conocimiento y consideración de ustedes el documento ya presentado.

Bajar anteproyecto en .pdf

Maldita democracia

Comparto un fantástico post, sin desperdicio alguno:

Maldita democracia

Llegamos a un punto en la historia, en el cual todos estábamos embobados con la democracia. Se a convertido en un concepto absoluto y como todo lo absoluto es peligroso y erróneo.
Pobre honduras…por la maldita democracia volverá el presidente exiliado y será un país mas en el mapa de conquistas chavistas.
Lo lamentable es que algunos países estan aprendiendo a jugar con el concepto de democracia de una manera realmente maligna. Ejemplo: Bolivia
Morales sabe que su única real oposición esta en el senado. Los puestos en el senado estan asignados por departamento. Asi que la solución (en democracia) para ganar el senado, es la de tomar por asalto el departamento de Pando, movilizar 4 mil familia a esta región con menos habitantes que un kínder y ganar asi el senado. Magistral pero maquiavélico.

¿Resistirá Honduras?

Excelente artículo publicado por el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES)

La Constitución de Honduras establece taxativamente el límite de cuatro años para los presidentes hondureños. Más aún: sabiamente, prohíbe reformar la Constitución para cambiar este límite temporal. Además, como toda constitución, tiene mecanismos para ser reformada. La reforma no es facultad del presidente, sino del Congreso, que es quien tiene la potestad para convocar un referéndum, vía Asamblea Constituyente.

Zelaya, siguiendo la estrategia de Chávez o Morales, buscó la ruptura constitucional desde dentro. Con una doble ilegalidad: primero reformando la Constitución allí donde está prohibido hacerlo, en lo relativo al límite de su propio mandato. Y segundo, hacerlo él, cuando no tiene la potestad para ello. Pese a todo, con el apoyo de Hugo Chávez, ha estado trabajando últimamente en lo que es un ataque directo al ordenamiento constitucional hondureño. Es la primera conclusión de lo que ocurre en Honduras: el origen está en el golpe que, desde dentro del sistema, buscó dar Zelaya contra las instituciones democráticas.

Todas las instituciones democráticas habían advertido que el referéndum era ilegal, oponiéndose. Cuando decimos todas, decimos todas: El Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la República o el fiscal general del Estado declararon ilegal el referéndum, al igual que el Partido Liberal, al que pertenece Zelaya. Pese a todo, éste ha continuado con su iniciativa. Así, segunda conclusión: Zelaya está enfrentado a todas las instituciones democráticas hondureñas, sin excepción.

En tercer lugar, Zelaya contaba y cuenta con el apoyo de Hugo Chávez, que no es poco. El petrotirano venezolano envió las papeletas para el referéndum a Honduras, cuya Fiscalía General, en buena lógica, las requisó. Pero Chávez y Zelaya están haciendo algo más: aplicar los métodos bolivarianos en Honduras. Chávez y Ortega ya habían enviado "asesores" a Tegucigalpa. Siguiendo los usos y costumbres chavistas, Zelaya movilizó a los suyos, que entraron en las dependencias militares donde se custodiaban las requisadas papeletas, llevándoselas. Busca organizar unas milicias callejeras a imagen y semejanza de las chavistas, para presionar a las instituciones hondureñas desde dentro y desestabilizar la democracia.

En cuarto lugar, el ejército acató una orden de la Justicia, avalada por el Parlamento y el resto de instituciones democráticas. Es cierto que las formas –la salida de Zelaya de noche, en pijama, para ponerlo en un avión con destino a Costa Rica– no son las más edificantes. Es cierto que podría haber sido simplemente destituido o detenido. Pero también es cierto que la presencia de Zelaya en Tegucigalpa hubiera supuesto –y lo supondrá el jueves si cumple la amenaza de volver– un factor de inestabilidad en las calles, donde los suyos ya generan disturbios. Pero lo fundamental es que el ejército actuó siguiendo las órdenes de las instituciones democráticas. No hay ni asomo de un golpe militar, sino de medida drástica tomada por las instituciones legítimas.

En quinto lugar, el comportamiento de las instituciones de Honduras ha sido y es democrático. Cumpliendo las órdenes legítimas, el Ejército destituyó a Zelaya, y siguiendo lo previsto en la Constitución, fue sustituido temporalmente por Roberto Micheletti, presidente del Congreso. En sesión parlamentaria, éste fue ratificado hasta la prevista celebración de nuevas elecciones en noviembre. No ha habido violencia de ningún tipo, ni limitación de las garantías legales, más allá de lo puntual en momentos puntuales, siempre según el ordenamiento constitucional. Ni se ha cambiado el ordenamiento jurídico, ni ningún tipo de ley.

En sexto lugar, Zelaya consumará o no el golpe de acuerdo con las reacciones internacionales. De un lado están las instituciones democráticas hondureñas, que por ahora se mantienen unidas: de otro, el conspirador Zelaya y sus patrocinadores, Chávez y Ortega, cargados de petróleo, dólares y malas intenciones. Zelaya ya ha amenazado con volver el jueves y movilizar a todos los partidarios que pueda en las calles, con la amenaza de sembrar de violencia el país para forzar a las instituciones.

Desgraciadamente, la reacción de la comunidad internacional ha supuesto un duro golpe para la democracia hondureña. Desde Obama –que ha hecho del abandono a los demócratas que hay por el mundo su principal seña diplomática–, al progresismo europeo –que siempre ha preferido una dictadura izquierdista a una democracia parlamentaria–, todos han tomado partido por el eje chavista. El caso más enfermizo es el de Moratinos, siempre dispuesto a echar una mano a los déspotas del mundo, en cualquier continente.

Por nuestra parte, sólo podemos lamentar la soledad de las instituciones democráticas en aquel país, abandonadas a su suerte por buena parte de la comunidad internacional mientras sus enemigos las acosan.

¿Resistirá Honduras? Si cede a la presión exterior, el chavismo comenzará a roer las instituciones hondureñas, que caerán en la órbita de Venezuela y que se deslizarán hacia una dictadura. Por el bien de la democracia, la libertad y los derechos humanos, esperemos que Zelaya pierda y Honduras resista.

Considero que lo acontecido en Honduras fue un error del congreso y de los militares; si las fuerzas armadas, el congreso y el poder judicial actuaban bajo la constitucion, debieron haber sometido a un proceso y a su destitución al presidente Zelaya, de la misma forma que hizo el congreso estadounidense con Johnson, Nixon y Clinton (Nixon renunció para evitar este juicio).

El error esta hecho, el congreso hondureño debe llamar a elecciones inmediatamente.